“Venezuela no está investigando hechos penales por (posibles) crímenes de lesa humanidad”, alertó la CPI

CPI
Foto: Human Rights Watch

La Corte Penal Internacional (CPI) realizó su primera audiencia por la apelación del oficialismo en contra de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

De acuerdo con la representación del país “esta notificación solo debe contener los incidentes que el fiscal pretende investigar”.

“Nosotros, con respeto, estamos en desacuerdo. La notificación debe ofrecer parámetros específicos suficientes que muestren el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”, indicó el organismo internacional.

El juez de la CPI, Marc Perrin de Brichambaut, alertó que “Venezuela no está investigando los hechos penales que podrían constituir crímenes” de lesa humanidad.

“La Sala Preliminar concluyó que Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes investigados por el fiscal. Las autoridades de Venezuela presentaron una apelación contra esta decisión”, precisó.

También destacó que “las víctimas han presentado textos que son documentos muy sustanciales, que tendrá en cuenta esta Sala en sus deliberaciones y que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente”.

Por su parte, Paolina Massidda, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI advirtió que las mismas han dado una serie de razones por las que Venezuela no investiga los crímenes y señaló que los elementos contextuales son vitales para determinar dichos crímenes.

“Si no toman en cuenta esto, las investigaciones en Venezuela no serán efectivas (…) La posición de las víctimas es muy clara. Venezuela no investiga ni investigará los crímenes hacia sus familiares y amigos”, sentenció.

Durante la audiencia estuvieron presentes el abogado británico Ben Emerson el canciller Yvan Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García, en representación del oficialismo.

Este palco sostuvo que “la Sala no pidió a Venezuela que tomara medidas contra los acusados. La Cámara, en la mayoría de los casos, observó que los sospechosos no habían sido identificados y esto atenta contra el avance del proceso”, justificaron los fiscales.

“El fiscal debe identificar grupos o categorías de individuos pero no ciudadanos específicos. Lo que se requiere es que el Estado aporte información pertinente, aprobante y específica que muestre los pasos investigativos que se han probado”, agregaron.

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No obstante, letrados de la CPI respondieron que “esta situación no es como la presenta Venezuela”.

“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el Fiscal pretende investigar, nosotros estamos en desacuerdo, la notificación debe ofrecer parámetros específicos que muestre el alcance de la investigación prevista por el Fiscal, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la fiscalía intenta o pretende investigar”, detalló la institución con sede en La Haya.

Esta audiencia en la CPI continuará este miércoles 8 de noviembre, con el fin de que los representantes del oficialismo y el organismo internacional presenten sus alegaciones sobre:

  • El nivel de detalle que debe incluirse en la notificación del Fiscal de la Corte al Estado sobre los actos criminales que tiene la intención de investigar.
  • La posibilidad de que la Sala de Cuestiones preliminares se basa en documentos proporcionados por el Estado en apoyo de sus alegaciones que están en español, sin traducciones a ninguno de los idiomas de trabajo de la Corte.
  • El grado de coincidencia entre los procedimientos nacionales y la investigación prevista por el Fiscal de la Corte, incluida la cuestión de las diferencias entre las definiciones legales nacionales e internacionales y los elementos contextuales de ciertos delitos.

 

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