Desde la ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia afirmaron que la salud de los presos políticos en Venezuela, tanto militares como civiles, estaría en deterioro, y afirmaron que desde el Estado harían “caso omiso” a esta situación.
Lea también: ONG Espacio Público registró 12 violaciones a la libertad de expresión en abril 2023 en Venezuela
La denuncia fue elevada por los abogados Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, miembros de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, quienes emitieron un pronunciamiento sobre el caso del Capitán de Corbeta Carlos Macsotay.
Ana Leonor Acosta, directora de la ONG, aseveró que los presos políticos venezolanos “viven una pesadilla legal, psicológica y familiar”.
Por su parte, Zambrano expresó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos ya se han pronunciado sobre la provisoriedad, los jueces no gozan de autonomía e independencia y no emiten decisiones que impliquen que esa persona pueda gozar de un debido proceso y además el ejecutivo nacional interfiere en las decisiones”.
Sobre el proceso contra Macsotay, tanto Acosta como Zambrano ejercieron un recurso de amparo en contra del presidente del circuito a cargo del caso del Capitán de Corbeta, quien habría sido “víctima de una detención arbitraria” con base a la opinión del grupo de trabajo de la ONU y como el Alto Comisionado para los Derechos Humanos en su visita a Venezuela.
“Estamos ejerciendo el amparo en contra del presidente del circuito, ya que hemos argumentado que los jueces militares deben consultar sus decisiones porque no gozan de autonomía y son sus superiores los que les dicen lo que deben hacer”, precisó el abogado Zambrano.
Sintoniza nuestros contenidos en YouTube. Visítanos y suscríbete aquí:
