El exmarine de origen venezolano Dahud Hanid Ortiz acusado del presunto asesinato de tres personas en 2016 dentro de un despacho de abogados en Madrid, España, se encuentra en paradero desconocido, puesto que no acudió a la sentencia de su juicio que se está llevando a cabo en Venezuela.
De acuerdo con la Fiscalía española, el 22 de junio de 2016, el exmarine viajó desde Alemania, donde vivía, hacia Madrid, entró al despacho y mató a dos trabajadoras de origen cubano, Elisa Consuegra y Maritza Osorio; y al cliente ecuatoriano Pepe Castillo, luego incendió el lugar y huyó.
Hanid Ortiz, explicó la institución española, estaría buscando al abogado Víctor Josel Salas para asesinarlo.
Fue detenido en 2018 en Venezuela y en 2019 se remitió el caso a un juzgado en Caracas.
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Pero no fue sino hasta marzo de 2023 cuando arrancó por cuarta vez el juicio y ya solo faltaba que se dictara la sentencia, pero según Salas no está claro el paradero del acusado.
En entrevista con EFE, el letrado indicó que el pasado martes 19 de diciembre, Hanid Ortiz no se presentó a la vista para el dictado de la sentencia del caso, y el juez conoció que las autoridades venezolanas habían decidido expulsarlo a España de forma inmediata.
Asimismo, aseveró que la administración de Nicolás Maduro había comunicado su decisión al consular de España en Caracas, porque supuestamente estaba en la lista consensuada entre Venezuela y Estados Unidos para la liberación del empresario Alex Saab.
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Paralelamente, el jueves 21 de diciembre, el juez de Madrid que investigó el caso inicialmente, aceptó la petición de la Fiscalía recibida ese mismo día, de dejar sin efecto la orden de busca y captura internacional que existía contra el investigado y se comunicara a Interpol la baja en la alerta roja vigente.
El motivo es “la evidencia de que se ha celebrado en Venezuela juicio oral por los mismos hechos por los que se seguía este procedimiento tras denegarse la extradición del único investigado y en base al principio ne bis in ídem”-no juzgar dos veces por los mismos hechos.
Sin embargo, para Víctor Joel Salas se trata de un error procesal, ya que ni la fiscal ni el juez han comprobado que, según la legislación venezolana, un ciudadano no es juzgado hasta que se le lee la sentencia.
