El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre crímenes de lesa humanidad, calificó de “arbitraria” la detención del presidente de la organización no gubernamental (ONG) Súmate, Roberto Abdul, además de otros 13 miembros de la oposición por parte de la administración de Nicolás Maduro.
El grupo de expertos advirtió a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre las acciones que “se suman a los cientos de casos y denuncias presentadas” y dijo expresar su “gran preocupación por los recientes ataques dirigidos contra líderes de la oposición y sus colaboradores” para impedir su participación en las próximas elecciones presidenciales del 2024.
El pasado miércoles 6 de diciembre, el fiscal general de la república, Tarek William Saab, anunció la solicitud de 14 órdenes de aprehensión contra dirigentes políticos dentro y fuera de Venezuela por presuntos delitos de “conspiración y traición a la patria” contra Venezuela y el Referéndum Consultivo, llevado a cabo el 3 de diciembre de 2023.
El Panel destacó la “existencia de un patrón por parte del Estado venezolano de perseguir a personas que forman parte del entorno de los líderes de la oposición, ya sean sus familiares, allegados o simpatizantes prominentes” y, señaló que la gran mayoría de estas personas han sido previamente objeto de actos de persecución por parte del oficialismo.
“Estas recientes medidas constituyen un flagrante ataque a los derechos fundamentales de estas personas y, en última instancia, de todos los ciudadanos venezolanos por sus implicaciones en el proceso electoral”, consideró.
Asimismo, agregó que dichas acciones “forman parte del patrón de ataque generalizado y sistemático que el Panel ha identificado y denunciado continuamente, y que lamentablemente se sigue cometiendo en Venezuela con total impunidad”.
El Panel expresó su solidaridad con los dirigentes políticos detenidos y sus familiares e hizo un llamado al oficialismo para “cesar inmediatamente los actos de persecución política”.
También se dirigió al fiscal de la CPI, Karim Khan para que este emita una advertencia a la administración de Maduro y “ponga fin a la comisión de crímenes de lesa humanidad de persecución política y detención arbitraria”, cuya competencia es del tribunal, señaló.
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