Distintas organizaciones no gubernamentales venezolanas suscribieron una misiva dirigida a Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela para que inste al gobierno neogranadino a “disuadir la implementación de mayores restricciones al espacio cívico” del país caribeño.
En este sentido, hacen referencia a una carta abierta suscrita por más de 80 organizaciones al presidente Gustavo Petro, en la que alertan sobre la aprobación de normativas restrictivas al derecho de la libertad expresión, a través de propuestas como la “Ley de Cooperación Internacional y el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”; advirtiendo que estas incrementarían aún más la migración forzada “de quienes hoy dependen de la asistencia humanitaria”, así como las solicitudes de asilo político en los países vecinos.
Asimismo, el escrito firmado por organizaciones como Fundaredes, el Foro Penal y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), reitera la necesidad de que Venezuela “retire su denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, con ello, regrese plenamente a la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Por otra parte, recalcan al gobierno colombiano la necesidad de otorgar la libertad de “todos los presos políticos de nuestro país, incluyendo al director de la ONG Fundaredes Javier Tarazona y al trabajador humanitario Daniel Blanco, así como de Emirlendris Benitez”.
A su vez, exigen que se proteja el trabajo de las organizaciones humanitarias independientes, quienes “realizan una importante labor en pro de los derechos económicos y sociales de la población”.
