Un nuevo informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, descubrió que bajo la administración de Nicolás Maduro en Venezuela, la población y las disidencias políticas siguen sufriendo abusos y torturas.
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Publicado este jueves, el informe detalló que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), continuó recibiendo denuncias creíbles de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación.
Asimismo, la Acnudh informó que no poseen reportes de acciones emprendidas por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
La oficina que preside Bachelet, aseguró haber documentado nuevos casos de personas que fueron sometidas a desapariciones forzadas, durante las cuales se las mantuvo incomunicadas y las autoridades se negaron a compartir su paradero con sus defensas o sus familiares.
“Estas prácticas exponen a las personas detenidas a un mayor riesgo de sufrir malos tratos”, dice el organismo.
El informe también cuenta con registros de violencia sexual contra mujeres bajo arresto preventivo, además de la denuncia sobre la incapacidad estructural de las instalaciones para cumplir con normas específicas de género, las detenidas presuntamente estarían siempre bajo vigilancia masculina.
“El 13 de marzo, un agente de la Policía Estatal de Barinas mató a una mujer bajo custodia policial, después de que ella se hubiera negado presuntamente a participar en actos sexuales. El ACNUDH saluda la acusación del agente de policía que presuntamente disparó a la víctima, y pide a la fiscalía que investigue a fondo las denuncias de violencia sexual presentadas por otras mujeres detenidas y que procese a los agentes de policía presuntamente involucrados”, reza parte del informe.
En el informe también advierten que se desconoce el paradero de varias personas, entre los que se encuentran el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, quien se encuentra detenido desde septiembre de 2018, y Hugo Enrique Marino Salas, detenido desde abril de 2019.
“La dinámica y las prácticas observadas por el ACNUDH en informes anteriores continúan suscitando preocupación. Después de haber denunciado casos de tortura o malos tratos ante los tribunales, las personas detenidas fueron devueltas a la custodia de los presuntos responsables de los malos tratos denunciados. En algunos casos, los presuntos responsables habrían sido llamados a testificar contra las víctimas en los procesos penales que se seguían contra ellos”, expuso la oficina.
“El ACNUDH continuó recibiendo denuncias de estos casos, sin que los jueces o los fiscales adoptaran medidas preventivas para proteger a las presuntas víctimas o abordar las preocupaciones relacionadas con el debido proceso”, dice el informe.
El informe de 21 páginas acusó en uno de sus apartados el irrespeto a la libertad de expresión luego que al menos cinco emisoras de radio y canales de televisión fuesen clausurados, además de la incautación de sus equipos por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).
Por lo que, el 8 de enero, las autoridades llevaron a cabo allanamientos y suspendieron las operaciones de dos medios de comunicación. Caso específico el de este canal, VPItv, las autoridades ordenaron su suspensión y confiscaron sus equipos alegando una violación de la Ley Constitucional contra el Odio.
En el primer informe presentado por Bachelet, este arrojó como resultado la revelación de supuestas ejecuciones extrajudiciales y lugares que servían como fosas comunes para el sepulcro de las personas presuntamente asesinadas.
Seguidamente, en marzo, la chilena anunció que continuaban recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad.
