Al menos siete personas, siendo una de ellas parte del Ministerio de Defensa, fueron imputadas por la Justicia de Uruguay luego de que las autoridades policiales de Artigas desmantelaran una red una red en la que eran explotadas 28 personas de nacionalidad venezolana.
Todo esto tiene que ver con una organización delictiva que mediante WhatsApp ofrecía a los ciudadanos trabajo en la canteras donde eran obligados a cumplir con más horas de lo establecido legalmente, trabajando además en precarias condiciones en el mismo lugar de labores.
A su vez, a las víctimas a las que se les ofrecían notables sumas de dinero como recompensa de su trabajo, solo cobraban 150 dólares mensuales y se les retenía sus documentos de viaje.
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Según la fiscal Sabrina Massafierro para las siete personas imputadas, entre las que destaca una psicóloga venezolana, se logró que “tuvieran medidas cautelares de arresto domiciliario, con el uso de dispositivo electrónico, por 120 días”.
A su vez, también se logró fijar su domicilio, es decir, no salir del país y entregar los documentos de viaje y la prohibición de acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas.
De acuerdo con Javier García, ministro de Defensa de Uruguay, la funcionaria implicada en este caso no ocupa un cargo de confianza dentro de la cartera.
“Caso de Artigas de trata de personas: la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Min Def. presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía.”, explicó a través de su cuenta en X.
