La organización Amnistía Internacional (AI) reveló su nuevo informe de Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, que denuncia la continuidad de violencia y detenciones arbitrarias en el país por parte del Estado.
Durante una rueda de prensa, AI detalló los puntos más importantes del informe acompañado por Jannet Prieto, víctima y esposa del detenido Gabriel Blanco, Martha Tineo de la organización Justicia y Perdón, Gonzalo Himiob de Foro Penal y Francisco Cox, miembro independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la determinación de hechos en Venezuela; quienes destacaron nueve casos que se reflejaron en el trabajo del organismo internacional.
Estos casos son de víctimas de detención arbitraria motivadas por presuntamente razones políticas cometidas entre 2018 y 2022:
1. Emirlendris Benítez: madre y comerciante, detenida en agosto de 2018
2. María Auxiliadora Delgado y Juan Carlos Marrufo: matrimonio y profesionales, detenidos en marzo de 2019
3. Roland Carreño: periodista y activista político, detenido en octubre de 2020
4. Guillermo Zárraga: ex-sindicalista y padre, detenido en noviembre de 2020
5. Darío Estrada: ingeniero y persona neurodiversa, detenido en diciembre de 2020
6. Robert Franco: profesor y sindicalista, detenido en diciembre de 2020
7. Javier Tarazona: defensor de derechos humanos y preso de conciencia, detenido en julio de 2021
8. Gabriel Blanco: activista y trabajador humanitario, detenido en julio 2022
Ante esto, la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, resaltó que según la comunidad internacional existen más de 300 presos políticos en el país y acotó el agravamiento de la crisis humanitaria y crisis de refugiados venezolanos las lascivas violaciones de derechos humanos (DD. HH.).
“Destacan la manipulación del sistema de justicia con el objetivo de proteger los perpetradores mientras se criminalizas las voces de personas venezolanas que reclaman derechos humanos y son arrestadas por motivos políticos (…) A estos patrones se suma la retaliación como motivo de detención y juicios adaptados a imputación de asociación para delinquir y penas severas”, comentó.
Prieto que fue presa política expresó que el impacto que tuvo este hecho en su vida es “bastante incómodo” porque le toca revivir los momentos de su desaparición forzada.
Respecto a su esposo, mencionó que se desempañaba como trabajador humanitario cuando fue detenido. “Es lamentable que se criminalice la labor de DD. HH.”, añadió.
Tineo, por su parte, subrayó que realmente son miles de venezolanos que sufren de crímenes de derechos humanos en el país, haciendo referencia a los familiares de los presos políticos, que “en muchos casos sufren cadena anticipada”.
Dio el ejemplo de una madre de familia que debe encargarse de alimentar a sus hijos pero a la vez buscar la manera de llevarle alimento y agua a su esposo detenido, dado a que las cárceles venezolanas carecen de estos servicios.
Para el abogado Himiob, desde 2014 se han registrado 15.813 arrestos por parte del Estado. Asimismo, indicó que unas 300 personas todavía se encuentras detenidas por motivos políticos pero no han sido condenadas por falta de evidencias.
Detalló que una vez que las víctimas eran capturadas se les sometió a diversas torturas, luego fueron trasladas a otros estados del país, provocando la incomunicación son sus familiares.
“El proceso penal ha quedado desnaturalizado”, sentenció.
En el caso del penalista Cox, enfatizó en que su Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que entre 2014 y 2020, aumentaron las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Subrayó que la política de la administración de Nicolás Maduro “está en silenciar o aplastar a la oposición o aquellos que son perseguidos”.
A su juicio, esto resulta por los organismos de seguridad del estado como el Sebin y el Dgcim. Este último, sería quien recibía las instrucciones de Miraflores “luego se encargaba de espiar a las víctimas”.
