El candidato presidencial estadounidense, Joe Biden, aseguró que la administración de Donald Trump «usó deportaciones furtivas (a los venezolanos) para enviarlos de regreso al régimen opresivo de Maduro», luego que el senador demócrata, Bob Menéndez, revelara que el mandatario usaba otros países para continuar con esta práctica.

Menéndez se basó de esta información a través de unos documentos que el Departamento de Estado entregó hace unas semanas al Comité de Exteriores del Senado y donde él tiene el mayor rango. Aseguró que estas deportaciones se mantuvieron en secreto y que usaron a Trinidad y Tobago como punto de escala a las deportaciones de enero, febrero y marzo de este año.

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El equipo de Maduro rompió relaciones diplomáticas y suspendió los vuelos directos a Estados Unidos, luego que Trump reconociera a Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero del 2019.

Menéndez, a su juicio, explicó que la deportación de venezolanos es una violación a la ley estadounidense por las restricciones al tráfico aéreo y por la vida de los migrantes y refugiados. «La ley de EE.UU. prohíbe rotundamente el regreso forzoso de refugiados a un lugar donde sus vidas o su libertad estarían amenazadas; las regulaciones estadounidenses han suspendido todos los viajes aéreos a Venezuela; y la política exterior de EE.UU. debe basarse en contrarrestar los abusos sistemáticos de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro», dijo.

En este sentido, Biden secundó su idea y aseguró que Donald Trump le niega el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), beneficio que gozan algunas nacionalidades de Centroamérica por la inseguridad de su país. «Está muy claro que no tiene en cuenta el sufrimiento del pueblo venezolano», aseveró.

Los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al Secretario del Tesoro, Steven Mmuchin, para investigar las transacciones del conglomerado brasileño de procesamiento de carne, JBS S.A. por presuntamente tener vínculos con Diosdado Cabello y el régimen de Nicolás Maduro.

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Según destacaron los funcionarios, los hermanos Joesley y Wesley Batista, principales accionistas de la compañía firmaron un contrato de carne y aves de corral de 2,1 millones de dólares en el año 2015 que .

«JBS SA ha realizado negocios a nivel mundial con una serie de socios dudosos, incluida la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), que fue identificada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en septiembre de 2017 por su participación en la corrupción pública (…) Los informes de investigación han documentado que las prácticas de adquisición de alimentos en Venezuela están plagadas de sobornos. La relación personal de los hermanos Batista con el oficial venezolano sancionado Diosdado Cabello solo genera más preocupaciones «, resaltaron Rubio y Menéndez.

Estados Unidos debe iniciar «de inmediato» una investigación criminal contra el gobierno de Nicolás Maduro por las acusaciones de tráfico de drogas que pesan sobre altos funcionarios de ese país, según exigieron este miércoles los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio al fiscal general de ese país, Jeff Sessions.

Dicha investigación serviría para «comprender mejor el nexo entre los actores delictivos y los miembros del círculo interno de Maduro», explica la carta firmada por el demócrata Menéndez y el republicano Rubio. «Escribimos para expresar nuestra creciente preocupación por los esfuerzos de Nicolás Maduro y los funcionarios de su régimen por socavar el estado de derecho en Venezuela y promover la inestabilidad en el Hemisferio Occidental», agrega la misiva.

En la misma explicaron que ese «entorno anárquico» generado por el gobierno de Maduro «amenaza la estabilidad y la seguridad de la región, incluido EEUU, al proporcionar un terreno fértil para que operen los carteles de la droga y las organizaciones terroristas designadas» por ese país, como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que tras firmar la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos se convirtieron en un partido político, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de esa misma nación.

Reconocieron que si bien EEUU ha aplicado sanciones económicas contra Maduro y su círculo más cercano por «dañar seriamente el orden democrático en Venezuela» y «por socavar las autoridades y las responsabilidades legales de la Asamblea Nacional legítimamente elegida», al Senado le preocupan «las crecientes conexiones entre los miembros del régimen de Maduro y las organizaciones establecidas de narcotraficantes».

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