Panel de expertos en DD. HH. denunció vinculación de grupos criminales y Estado en el arco minero

Arco Minero. Foto: Correo del Caroni

La organización Freedom House planificó un foro llamado “Derechos Humanos y Rendición de Cuentas” para abordar los hallazgos del tercer informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, donde se denunció la continuación de un patrón de crímenes de lesa humanidad y se señaló a miembros de la cadena de mando.

Del evento participaron: Alessandra Pinna, directora de América Latina y el Caribe de Freedom House; Beatriz Borges, directora, Centro de Justicia y Paz (Cepaz); Mercedes de Freitas, directora Transparencia Venezuela; Sara Fernández, oficial de Incidencia Internacional del Centro de Justicia y Paz (Cepaz); Tamara Taraciuk, directora adjunta para las Américas Human Rights Watch y Marta Valiñas, presidente de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

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Continuación de un patrón y violaciones extendidas

Para Mercedes de Freitas, las redes criminales abarcan los 112.000 kilómetros del arco minero en operaciones de ilícitos que “no son ajenas al Estado” e incluso tienen “conexiones estrechas con grupos delictivos internacionales y actores del alto Gobierno”.

La experta profundizó en que existe un mercado negro de oro que genera 2.000 millones de dólares al año y en el que solo el 25 % entraría al Banco Central de Venezuela (BCV), como lo establece la ley. Lo demás se iría en contrabando.

¿Qué violaciones a los derechos humanos están presentes?

Según lo expuesto por el panel:

Trabajo infantil (a partir de los 12 años).
Casos de explotación sexual bajo conocimiento del Estado.
Contaminación de aguas.
Desplazamiento de comunidades.
Precariedad en servicios públicos.
Tráfico de combustible.

En la frontera colombo-venezolana

Las denuncias de delitos, corrupción y crímenes de lesa humanidad no se dan solo en la frontera con Brasil, sino que se extienda hasta Apure y el paso con Colombia. Según Támara Taraciuk, en esta región operan grupos armados que usan la violencia para controlar, además del ELN, las disidencias de las FARC y un clan llamado Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional.

Estas facciones del delito se dedican, según la experta, a crear e imponer normas como toques de queda, amenazas, secuestro, extorsión, entre otras cosas. “Hemos documtado que las autoridades venezolanas toleran que estos grupos operen en Apure y han actuado en convivencia con ellos”.

Patrón sistemático

La presidente de la Misión de la ONU, Marta Valiñas, recalcó que “las violaciones a los derechos humanos en Venezuela no han cesado y se corresponden a una política y estrategia por parte de las autoridades de alto nivel político”.

En esta misma línea fue la intervención de Alessandra Pinna, quien aseguró que más allá de las reforma y disminución de crímenes y delitos, la crisis de derechos humanos sigue al igual que represión.

En los próximos días el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá si se renueva el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela.

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