La organización no gubernamental (ONG) defensora de los derechos humanos Provea explicó la investigación sobre los hechos de letalidad policial-militar perpetuados por los cuerpos policiales y militares de Venezuela durante 25 años.
El informe se realizó desde fuentes abiertas a lo largo de los años, desde víctimas hasta organizaciones que suministran los datos abarcando los años finales del gobierno de Rafael Caldera y las administraciones Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, destacó que la ascendencia de la letalidad por los cuerpos de seguridad nacional está apoyada por una “impunidad estructural”.
“Desde 2015 estamos frente a un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida de miles de personas”, dijo.
Las ejecuciones extrajudiciales perpetradas en Venezuela se extienden por varias décadas
El defensor de derechos humanos resaltó que las leyes en Venezuela permiten a los cuerpos de seguridad que puedan usar la fuerza por lo que la ausencia de investigación y sanción a los responsables, favorecería la repetición de los hechos.
A mediados de los años 80 se denunciaron los llamados “pozos de la muerte” en Zulia. Luego, en la década de los 90, las violaciones del derecho a la vida fueron constantes, de acuerdo con los informes de Provea.
Aunque a inicios del 2000 se cuestionaron los abusos policiales perpetradas durante los gobierno en décadas anteriores, la situación no reflejó algún cambio.
“Hugo Chávez prometió que iba a ser distinto, que se iban a repetir los operativos agresivos en las zonas popular, que no se iban a seguir hostigando jóvenes. Durante la época de Chávez se mantuvieron las ejecuciones con cifras extraoficiales en el país”, apuntó.
Más tarde esas cifras aumentarían abruptamente, ya que, a partir del 2015, con los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), se dispararon las ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los informes.
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”Hoy no solamente tenemos mayor cantidad de ejecuciones, sino también tenemos una policía nacional con su componente fuerza de acciones especiales, que se han convertido en una maquinaria de muertes”, aseguró.
Los cinco años antes de la reforma se contabilizaron 974 víctimas; los cinco años siguientes a la enmienda se produjeron 1.036 violaciones del derecho a la vida. Los vicios diagnosticados a los funcionarios, llamados abusos policiales, se continuaron repitiendo.
Inti Rodríguez, investigador del informe anual de Provea, indicó que la militarización de las labores de seguridad ciudadana y los mandos de un elevado número de cuerpos policiales, incorporan una visión de uso de la fuerza hacia un enemigo que debe liquidarse.
En consecuencia, genera graves riesgos para las garantías del derecho a la vida de personas que sean consideradas sospechosas de estar involucradas en delitos.
Mencionó varios hechos que evidenciarían la impunidad y apuntalamiento por parte de las autoridades nacionales hacia estos crimines.
Ejecuciones como política de Estado
Entre 1996 y 2020 los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron 10.298 violaciones al derecho a la vida. De esas violaciones, 7.893 (77%) se realizaron bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con los datos recopilados por Provea, entre 1990 y 2021, 29.322 personas asesinadas no fueron incluidas en las cifras de homicidios sino que fueron presentadas como muertas tras oponer resistencia a las autoridades.
“Altos funcionarios del Estado han estimulado la violación del derecho a la vida por parte de los agentes de la fuerza pública, bajo la excusa de la lucha contra la violencia terrorista”, expresó el defensor de derechos humanos.
Ante esto, la MIDH (Mouvement Ivoirien des Droits Humains) indicó que “la misión tiene motivos razonables para creer que el presidente y el ministro del interior tenían conocimiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto de las operaciones de seguridad y contribuyeron a su comisión”.
“Estamos en presencia de una política de Estado, es decir, conductas que son alentadas por altos funcionarios del estado, un sistema de justicia que no actúa para frenarlo, el lanzamiento y diseño de planes de seguridad que violan los DDHH”, recalcó el investigador de Provea.
OLP y FAES
El 13 de julio de 015 se lanzó el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP), que intensificó la acción sistemática de violencia contra los habitantes de las zonas populares bajo “la excusa del combate a la delincuencia”.
En los años en que se desarrollaron los OLP, las autoridades reconocieron que 13.589 personas fueron asesinadas por resistencia a la autoridad.
De acuerdo con las cifras presentadas en 2017 por el Ministerio Publico (MP), desde el inicio del operativo en julio de 2015 hasta marzo de 2017, fueron asesinadas 505 personas por agentes de la fuerza pública.
La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) fue presentada oficialmente por Maduro el 14 de julio de 2017, la cual el mandatario expresó que fueron creadas para combatir el “crimen organizado y terrorismo”.
En septiembre de 2018, el decreto “inconstitucional” 3.610 que declaró el “Estado de Emergencia Económica”, borró la línea que separa los conceptos de defensa de la nación y seguridad ciudadana, lo que propició el aumento de la letalidad de las FAES.
Alvarado apuntó una serie de recomendaciones ante la problemática:
- Diseñar una política integral en materia de seguridad ciudadana mediante la realización de una amplia consulta con diversos sectores de la sociedad a partir de las recomendaciones de la Conarepol.
- Adoptar de manera inmediata y decidida, medidas para excluida la participación de militares y fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
- El Ministerio Público (MP), en aplicación del principio de complementariedad el cual está obligado por el Estatuto de Roma, debe adelantar investigaciones prontas, exhaustivas y genuinas, que permitan sancionar a los autores materiales y cadenas de mando de los asesinatos perpetrados por funcionarios , que pueden constituir crimines de lesa humanidad.
- Restablecimiento de las competencias de la Corte IDH y cumplimiento de sus sentencias por parte del Estado venezolano.
- Elaborar bajo la conducción del MP, un informe sobre las personas asesinadas por policías y militares, dar a conocer los nombres y los organismos presuntos responsables que favorezca promover un amplio debate nacional sobre la acción policial y militar.
- Exhortar a la Defensoría del Pueblo (Tarek William Saab) que elabore un plan de acción de lucha contra el abuso policial activando todas las competencias que la Constitución y la ley le dan para vigilar, denunciar y solicitar juicios a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales y otros abusos de la fuerza pública.
