La Policía española y la Guardia Civil liberaron en 2023 a 1.466 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, 24% más que el año anterior cuando la cifra llegó a 923 personas. La mayoría de ellas son provenientes de Latinoamérica.
De las 1.466 víctimas liberadas hay 18 menores y otros tantos casos en los que una persona fue víctima de más de un delito, es decir, tanto de trata como de explotación sexual o laboral.
249 personas fueron liberadas de las trata de seres humanos para su explotación sexual, tres de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 28 y 32 años oriundas de Colombia, Venezuela y Paraguay.
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En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, pero que no fueron de redes de trata, el número se eleva a 370 (nueve menores). Predominaban las mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, España y Venezuela.
Las 196 operaciones policiales desarrolladas en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 80 grupos y organizaciones criminales y la detención de 575 personas, la mayoría de nacionalidad española.
En 2023, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.677 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución e identificaron a 7.049 personas en situación de riesgo por ejercer esta labor en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.
Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 612, tres de ellas menores de edad. En su mayoría eran hombres de entre 23 a 27 años, procedentes de Marruecos, Colombia y España.
En cuanto a las actuaciones contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, liberaron a 195 víctimas, dos de ellas menores, y el perfil promedio son los hombres de 23 a 27 años, natural de Colombia, Moldavia y Marruecos.
En este caso, los agentes desarticularon 28 organizaciones criminales y detuvieron a 334 personas y realizaron 5.893 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 18.813 trabajadores.
