El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que si gana las elecciones de 2024, en su primer día en la Casa Blanca, dictará un decreto para poner fin a la ciudadanía automática para los hijos de migrantes indocumentados y los turistas de “nacimientos”.
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Asimismo, el republicano insistió en eliminar este derecho a través de una orden ejecutiva donde se haga una nueva interpretación de la Enmienda 14, la cual que: “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en que residen. Ningún Estado promulgará ni hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos(…)”.
La promesa de Trump ha generado incertidumbre en la comunidad de migrantes sobre sí existe viabilidad legal para emprender ese cambio en el país norteamericano, mientras que expertos en la materia aseguraron que “cualquier intento de eliminar un derecho constitucional a través de una orden ejecutiva sería fácilmente derrotado en los tribunales”.
En entrevista para el programa Buenos Días por VPItv, el abogado especialista en inmigración, Guillemo Nolivos, consideró que la propuesta de eliminar la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes “no puede ser una orden ejecutiva”.
Nolivos aseguró que esta medida no podría ser implementada sin la discusión y posterior aprobación del Congreso, de lo contrario sería considerada una imposición “tipo dictadura” para implementarlo como ley.
Por su parte, el experto constitucionalista de la Universidad de Harvard, Laurence Tribe, había opinado años atrás que la propuesta “no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir a la revisión, incluso por parte de los jueces y magistrados que el presidente ha designado”, según lo reseñado por la cadena estadounidense Univision.
¿Qué busca el republicano?
A juicio de Trump, la medida ayudará a detener el flujo de migrantes indocumentados hacia su país, del cual advirtió que el futuro no tendrá la capacidad para acogerlos.
En este sentido, aseveró que ordenará a las agencias federales a que exijan que al menos uno de los dos padres sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal para que sus hijos nacidos en Norteamérica se conviertan automáticamente en ciudadanos estadounidenses.
