El Salvador sigue marcado por el “Estado de excepción” aprobado hace más de una semana por parte del Congreso, atendiendo la solicitud del presidente Nayib Bukele a finales de marzo para limita algunos derechos constitucionales a los ciudadanos y combatir a las pandillas que se encuentran en su territorio.
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Los ciudadanos de este país tienen prohibido hasta el 27 de marzo los derechos de reunión, asociación, defensa en un proceso penal e inviolabilidad de las telecomunicaciones.
La medida se tomó luego que se registraran 62 homicidios el sábado 26 de marzo, que se convirtió en el día más mortífero en la historia reciente de El Salvador, según la Policía Nacional Civil (PCN).
De acuerdo con el mandatario, su objetivo es acabar con las pandillas del país, las cuales poseen unos 70.000 miembros en El Salvador, de los que 16.000 se encuentran encarcelados.
El decreto de excepción fue rechazado por el grupo parlamentario de la formación derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), además de acusar a Bukele de proteger a los cabecillas de las pandillas de una extradición solicitada por Estados Unidos.
“Es necesario recordarle al pueblo salvadoreño que lo que vivimos ahora es la negligencia del que protegió criminales”, dijo Arena en un comunicado.
Miles de detenidos
Hasta ahora, las autoridades salvadoreñas han detenido a más de 6.000 personas vinculadas con alguno de estos procesos de pandilla durante los primeros nueve días, lo que ha generado una saturación en las prisiones del país.
Bukele ordenó la noche del sábado al director de Centros Penales, Osiris Luna, que los detenidos que se encuentran en las bartolinas (calabozos) policiales sean trasladados a penales para tener un mayor control de los mismos.
“Señor Director, hay que trasladar muchos más reos y así tener suficiente espacio en las bartolinas para todas las capturas que se vienen. Coordine con la @PNCSV más traslados a los penales y mantengan las bartolinas vacías para volverlas a llenar”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
El mandatario también advirtió a los criminales que ya se encuentran detenidos que les quitará la comida si llega a mantenerse la ola de crímenes en El Salvador y que las autoridades siguen tratando de controlar.
“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales: ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles (…) Les juro por Dios que no comen un arroz”, expresó.
Preocupación internacional
Esta crisis ha generado el pronunciamiento de algunas organizaciones internacionales que temen que la situación se pueda agravar, entre las que se encuentra la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz de la Oficina de Michelle Bachelet.
Otra de estas organizaciones fue Human Rights Watch (HRW), que solicitó por medio de una carta una reunión con Bukele para abordar la situación de los derechos humanos.
“Le solicité (al presidente Nayib Bukele) una reunión para conversar sobre la preocupante situación de derechos humanos en El Salvador y los desafíos del país en materia de seguridad”, expresó la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, en su cuenta de Twitter.
