¿Cuál será el trabajo y los atributos de la oficina de la CPI en Venezuela?

Nicolás Maduro recibe al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Foto: Twitter Nicolás Maduro.

Tras la concreción para establecer una oficina mediante un memorando de entendimiento con la administración de Nicolás Maduro, el trabajo de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela tiene como objetivo “la cooperación con las autoridades venezolanas y facilitación de asistencia técnica” para reformar el sistema judicial en el país.

 

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Para que tenga lugar esto último, precisado por Nicolás Maduro este viernes tras la reunión con el fiscal de la CPI, Karim Khan, la oficina en Venezuela contará con oficial de riesgo operativo y sobre el terreno, así como un coordinador/auxiliar de operaciones sobre el terreno.

La ONG Provea resaltó la importancia de que sea de libre acceso tanto el acuerdo como su implementación, “especialmente porque está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia”.

En pro de que el trabajo de la CPI sea efectivo, a juicio de Provea, la oficina de esta instancia judicial internacional “debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país”, además de “ser tomadas en cuenta” las opiniones de las víctimas de los casos que procese.

Provea también extendió una serie de puntos que la administración de Maduro debería seguir para el eficaz desarrollo del trabajo de la oficina, así como el cumplimiento de sus objetivos, entre ellos “abstenerse de intimidaciones y represalias contra las víctimas y las organizaciones”.

“Las autoridades y quienes ejerzan cargos del Estado venezolano deben abstenerse de todo ataque o descalificación en contra de la Corte Penal Internacional, los Jueces de la Sala 1ra de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina”, es otro de los puntos que, a juicio de Provea, debería garantizar el oficialismo.

Para Provea, en adición, desde el Estado “se deben adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos”, y las autoridades y voceros deberán “abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando”.

 

 

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