Cepaz reportó 84 actos de persecución en los tres primeros meses del 2022

Funcionario de la FAES en Petare, zona de Caracas. Foto: Román Camacho
Funcionario de la FAES en Petare, zona de Caracas. Foto: Román Camacho

El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) contabilizó al menos 84 actos de persecución y criminalización ejecutados por funcionarios del Estado en Venezuela durante los tres primeros meses del 2022.

La organización no gubernamental (ONG) denunció que desde el Estado se aplica una política que busca “silenciar, reprimir, intimidar y controlar a los sectores de la población, en especial a aquellos que se identifican como opositores”.

El presente año inició con al menos 55 actos de persecución y criminalización ejercidos contra periodistas, presos políticos y la población en general, de los cuales se identificaron las siguientes acciones: cierre de un programa de radio, cinco detenciones arbitrarias, 22 actos de hostigamiento, amenaza o acoso, 12 impedimentos para registrar un hecho noticioso en el que se incluye el decomiso u obligación de borrar el material registrado, un asesinato bajo negligencia del Estado y en impunidad, un acto de violencia y el traslado arbitrario de 13 presos políticos.

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De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de enero, 28 fueron contra trabajadores de la comunicación, 24 contra actores políticos y tres contra la población.

Luego, durante el mes de febrero, se documentaron al menos 16 actos de persecución y criminalización ejercidos contra personas dedicadas a la comunicación, personas vinculadas con el activismo político y contra organizaciones de la sociedad civil.

En el monitoreo y análisis de los 16 casos se identificaron ocho bloqueos a páginas web y emisoras de radio, tres acciones que imposibilitaron registrar un hecho noticioso, dos detenciones arbitrarias, dos actos de hostigamiento y el cierre de una emisora de radio.

De la totalidad de los casos de persecución y criminalización ocurridos durante este mes de marzo se identificaron 13 en contra de trabajadores de la comunicación, dos contra personas vinculadas al activismo político y uno contra una organización de la sociedad civil.

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